Tres de los ocho regidores que la semana anterior votaron a favor de que el ayuntamiento pudiera conciliar con 5 imputados de un caso de peculado que data de hace 15 años, se disculparon con los sancarleños.
La noche de este lunes, los regidores Esteban Rodríguez, Patricia Romero y Melvin López ofrecieron las disculpas durante la discusión de un recurso de revocatoria que presentó el exdiputado Ramón Carranza para anular el acuerdo.
"Es un error que reconozco, jamás debí haber votado la dispensa de trámite y mucho menos aprobar la conciliación tal cual venía. Sé que no cometí ninguna falta legal, pero, por tratarse de un tema que está en el tribunal penal de Hacienda debimos haber tomado otra decisión que nos permitiera tener un marco más grande de análisis para toma de decisiones", dijo Rodríguez.
Añadió que, durante dicha discusión debieron haber contado con la presencia de la asesora legal del Concejo, sin embargo, atendieron el caso a pesar de no tener al experto que los pudiera alertar de cualquier situación.
En esa misma línea, la regidora Patricia Romero también ofreció disculpas a los ciudadanos y señaló que no conocían el fondo del asunto.
"Quiero disculparme con la ciudadanía por haber tomado precipitadamente una aprobación de este documento que a nosotros nos llegó, puesto que no conocíamos el fondo del asunto y esto debimos haberlo meditado y analizado para tomar una buena decisión", indicó.
Romero manifestó que, espera que la situación no se repita más y en próximos asuntos que lleguen al concejo, deberán tener el máximo cuidado para proteger los intereses de los sancarleños.
Posterior, el regidor Melvin López mencionó que en su momento le preocupó la premura en la dispensa de trámite del acuerdo.
Incluso durante esa primera discusión el regidor cuestionó los montos plasmados en el acuerdo para conciliar con los imputados y destacó que las sumas podrían ser mayores, así como cuestionar errores en las fechas establecidas en el documento.
"El tema es muy delicado y creo que una hora antes para analizar un caso de hace 15 años fue muy apresurado el tema y yo y también igual pido disculpas y también por respeto al trabajo del señor Carlos Corella (exregidor que denunció el caso)", dijo López.
El regidor suplente, Eduardo Salas, cuestionó la información expuesta por el departamento jurídico de la administración municipal la semana anterior y dijo que el votar el acuerdo se dio porque se les indicó que al 10 de abril debían de tomar una decisión.
"Ese día había una fecha y había que cumplir supuestamente con esa fecha, ahora es otra historia, pero ustedes se acuerdan de que hoy (ayer) hace 8 nos dijeron '10 de abril' y por eso se solicitó la dispensa de trámite (...) creo que no sé, algo está pasando, pero tenemos que resolverlo", fustigó Salas.
Por votación unánime, los regidores acordaron admitir el recurso de Carranza y de otro ciudadano y enviarlo a la asesora legal para su respectivo análisis y recomendación.
En cuanto al avance del juicio, la dirección jurídica de la administración ahora deberá pedir una prórroga al tribunal hasta no tener la recomendación final de la asesora legal.
La semana anterior, el abogado de la municipalidad, Juan Carlos Camacho, presentó a los regidores un acuerdo de conciliación que consistía en que 4 de los imputados asumen el compromiso de devolver a las arcas municipales un total de 52 millones de colones y a no ejercer cargos o contrataciones públicas durante un año, mientras que otro imputado que es actual funcionario municipal, sería removido de su puesto y trasladado a laborar en otro departamento del municipio.
Tras la discusión del tema, 8 regidores votaron a favor de la conciliación y solo la regidora Luisa Chacón votó en contra.
La decisión no cayó bien para decenas de ciudadanos sancarleños quienes exigían enmendar las acciones tomadas y eso llevó al exdiputado Carranza a presentar el recurso de revocatoria.
El recurso señala que la aprobación de los regidores fue sin contar con el expediente judicial completo para su estudio, ni con un informe comparativo que permitiera valorar la razonabilidad de los montos conciliados en relación con el daño económico causado al ayuntamiento.
Además, menciona que no hubo un análisis técnico de proporcionalidad entre los delitos atribuidos (fraude de ley, peculado e influencia a la Hacienda Pública) y el monto conciliado.
¿Cuál es el caso?
Según publicaciones de los medios digitales El Norte Hoy y La Región, el caso surgió en 2010 cuando el entonces regidor, Carlos Corella, presentó una denuncia contra exfuncionarios municipales y empresarios quienes se habrían beneficiado con más de 108 millones de colones en contratos con la municipalidad, entre 2008 y 2010.
Según publicaron ambos medios, los empresarios ganaron al menos cuatro licitaciones y once contrataciones directas gracias a la influencia de una exfuncionaria del departamento de proveeduría y quien era familiar de uno de los empresarios.
En 2015, según detalló La Región, los imputados propusieron un pago de 30 millones de compensación para conciliar, sin embargo, la propuesta fue rechazada por los regidores de ese entonces.
Mientras que, en 2021, el Concejo Municipal aprobó otra conciliación con los empresarios, en esa ocasión se aprobó con 6 votos a favor y 3 en contra de los regidores Pablo Rodríguez, Vanessa Ugalde y Diana Corrales.
