La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por la falta de personal docente en la escuela Luis Gamboa Araya, En Kooper de aguas Zarcas.
La resolución ordena a las autoridades del MEP designar, en un plazo máximo de un mes, a tres docentes que atiendan áreas fundamentales de la enseñanza.
Según detalla el recurso, la situación nació tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, la cual establece el sistema de salario global para nuevos docentes.
Esto provocó que en el curso lectivo 2025, muchos educadores decidieran no asumir ampliaciones de jornada ni recargos adicionales, afectando directamente la cobertura de lecciones en diferentes centros educativos.
La persona recurrente manifestó que, como consecuencia, la escuela Luis Gamboa Araya carece de un docente de enseñanza general básica para ciclos I y II, otro de inglés y uno más de formación tecnológica.
A pesar de haber solicitado la creación de los códigos correspondientes a la Dirección de Planificación del MEP, al momento de presentar el recurso no había obtenido respuesta.
Además, la afectada denunció que la ausencia de un nuevo docente significa una sobrecarga de lecciones, que ha tenido que asumir sin que se tomen medidas para corregir la situación.
Ante estos hechos, la Sala declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó a María Fernanda Durán López, Directora de Planificación Institucional, y a Anayancy Bonilla Mora, Directora Regional de Educación de San Carlos, o a quienes ocupen esos cargos, que tomen las medidas necesarias para nombrar el personal docente faltante.
En concreto, deberán designar a un docente de inglés, uno de enseñanza general básica y otro de formación tecnológica, para atender a la población estudiantil afectada.
En caso de que aún no se haya realizado al momento de la notificación de la sentencia, el plazo para cumplir con esta orden es de un mes.
Además, las autoridades deberán elaborar un plan remedial que permita nivelar a los estudiantes por las lecciones no recibidas desde el inicio del curso lectivo hasta que se cumpla con el nombramiento ordenado.
La Sala también advirtió a las autoridades que, de no acatar lo dispuesto, podrían enfrentar sanciones que incluyen penas de prisión de tres meses a dos años o multas de veinte a sesenta días, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Finalmente, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales deberán determinarse mediante ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa.
