La Sala Constitucional resolvió rechazar de plano una acción de inconstitucionalidad que cuestionaba la aplicación de la Ley de Extradición y un tratado con Estados Unidos para permitir la extradición de costarricenses.
El caso tramitado bajo el expediente 25-018436-0007-CO señalaba que dichas normas contravienen el artículo 34 de la Constitución, que impide la retroactividad legal en perjuicio de derechos adquiridos.
La persona que presentó la acción alegó que, tras la reforma al artículo 32 de la Constitución mediante la Ley 10730, no se ajustaron las leyes de extradición para permitir la entrega de nacionales.
Según la demanda, el artículo 22 de la Ley 7146 aplicaba a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, lo cual representaría una violación constitucional.
No obstante, en la sentencia 2025-20469, la Sala determinó que la acción no cumplió con los requisitos formales establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El tribunal indicó que el accionante no acreditó legitimación activa, ni presentó expediente de fondo para evaluar la constitucionalidad de las normas.
Tampoco aportó documentos que demostraran representación válida de personas afectadas, lo cual infringe los artículos 75 y 79 de esa ley.
Además, la fundamentación del escrito fue considerada deficiente. La Sala señaló que no se desarrollaron con claridad los argumentos sobre la contradicción con el artículo 34 de la Constitución.
Tampoco se explicó por qué se impugnaban normas como la Ley 4795 o el artículo 22 del tratado con Estados Unidos.
Por esas razones, y con base en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el tribunal decidió rechazar la acción sin entrar al fondo del asunto.
El magistrado Paul Rueda Leal votó en contra, pero por razones distintas. Indicó que el planteamiento del caso correspondía más bien a un análisis de legalidad, no de constitucionalidad.
La sentencia aún está en proceso de redacción y se publicará en el sistema Nexus del Poder Judicial una vez esté finalizada.
