La mañana del domingo, un ciudadano nicaragüense fue aprehendido en la zona fronteriza de Los Chiles, luego de que intentara sobornar a un oficial de la Policía de Fronteras, tras ser sorprendido ingresando al país por un paso no habilitado.
El sospechoso, identificado con el apellido Castro, contaba con un permiso laboral en regla, sin embargo, fue detectado ingresando a Costa Rica por el sector conocido como El Muro.
Este es un punto ciego donde el tránsito de personas y mercancías está prohibido y donde las autoridades mantienen constantes operativos para combatir los delitos transfronterizos.
Durante una inspección rutinaria, dos oficiales fronterizos interceptaron a Castro y le detectaron una considerable cantidad de productos perecederos transportados en condiciones insalubres, lo que representa una violación a la legislación sanitaria costarricense.
Los oficiales advirtieron al hombre que los productos serían decomisados por representar un riesgo para la salud pública, debido al mal estado en que se encontraban.
Fue en ese momento cuando el extranjero intentó evitar la acción policial ofreciendo dinero en efectivo.
Según el informe policial, Castro sacó de sus bolsillos un billete de 10.000 colones y se lo entregó a los oficiales con la frase: “para que se tomen un fresquito”, en un aparente intento de sobornar a los funcionarios para que lo dejaran continuar sin sanción.
Ante esta situación, los oficiales le informaron al sujeto que iba a ser aprehendido por la presunta comisión del delito de penalidad del corruptor, figura penal contemplada en la legislación costarricense para quienes intentan corromper a servidores públicos.
Tras coordinar con el fiscal de turno, se ordenó la detención inmediata del nicaragüense y su traslado a la Fiscalía de Upala, donde podría ser procesado judicialmente por el citado delito.
Además, el dinero ofrecido como soborno fue decomisado como parte de la evidencia y puesto a disposición de las autoridades judiciales para el respectivo trámite legal.
Las autoridades recordaron que el ingreso por pasos no habilitados no solo representa una falta migratoria, sino que también puede derivar en situaciones delictivas que comprometen la seguridad sanitaria y jurídica del país.