La reciente gira realizada el viernes 13 de junio permitió evidenciar a numerosas personas, políticos, medios de comunicación y al país en general, la realidad que se vive en la zona de Crucitas, Cutris. Una zona donde la oportunidad del progreso está en el subsuelo y el costo de salir adelante se resume en armas y casquillos de balas.
Esta problemática se remonta al año 2010 en donde el señor Edgardo Araya le puso un freno total a una posible exploración y explotación de oro en Crucitas. Si bien es cierto que la causa que defiende el señor anteriormente mencionado es legítima, la realidad que se vive hoy en la comunidad de Crucitas es muy diferente, y se resume en varios aspectos.
Seguridad nacional y Soberanía costarricense
La minería ilegal en Crucitas representa una grave amenaza tanto para la seguridad nacional como la de los costarricense en el distrito de Cutris. En esta zona fronteriza, se ha detectado la presencia de grupos como el crimen organizado, narcotraficantes y la práctica de legitimización de capitales. Muchos de estos grupos se encuentran armados y operan de forma clandestina, sin ningún tipo de regulación, control estatal o policial.
Recorriendo comunidades como Chorreras, Moravia, Coopevega, La Fortuna de Cutris, El Jocote, Llano Verde entre otras, se evidencia la presencia masiva de migrantes indocumentados principalmente nicaragüenses, lo que genera un ambiente de tensión social, un incremento en la cantidad de viviendas y asentamientos informales e ilegales en la zona, se puede observar un rezago en el desarrollo de todos los ámbitos, social, económico, en infraestructura, salud, educación, agua potable, electricidad ect… y existe un secreto a voces de la realización de prácticas ilegales como los de tráfico de personas, armas y drogas, muchas veces ligados a la propia actividad minera.
Todas estas situaciones traen consigo un debilitamiento tanto de la soberanía del país, como la de nuestro territorio, al no tener el Estado control efectivo de su propio territorio ni de los recursos del subsuelo. Además, la seguridad y resguardo de los ciudadanos costarricenses, especialmente los del distrito de Cutris, se pueden ver vulnerabilizados debido a la influencia que tiene la zona de Crucitas en el distrito.
Las consecuencias en materia de seguridad son infinitas. Se erosiona la legitimidad del Estado costarricense en una zona estratégica clave para el desarrollo del país, se pone en riesgo la integridad de los habitantes locales y se les facilita la expansión del crimen organizado en el país.
¿Qué se debe hacer? Si bien es cierto no soy experto en programas de seguridad nacional, lo más factible a realizarse si se quiere ver la oportunidad de, en un futuro, explotar la minería de oro en Crucitas, se debe ejecutar una operación conjunta interinstitucional en la zona, en donde personal del Ministerio de Seguridad Pública, OIJ, la Fiscalía General de la República y numerosos grupos de inteligencia policial, lleven acabo una operación de carácter de legitimidad soberana, tanto del país como de sus habitantes.
Otra opción que se podría valorar, es la declaración de Estado de Defensa Nacional, pero en este caso, efectuado no en todo el país sino en una zona específica, como lo establece el artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política:
Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.
Valorar la opción de un levantamiento de las garantías individuales en la zona de Crucitas, es una consideración que se debería colocar sobre la mesa de discusión en el tema de Crucitas. Con una declaración de Estado de Emergencia, las fuerzas policiales tuvieran una mejor y mayor oportunidad de maniobra tanto en la ejecución como en la preparación de las operaciones.
Entre otras iniciativas, se debería considerar la deportación de personas ilegales o irregulares en el país, procurar una mayor inversión en seguridad pública, especialmente en una mayor cantidad de oficiales en la región, mejorar la infraestructura para los policías, mejores condiciones laborales (pluses), presencia de agentes de inteligencia, participación de ejércitos de países vecinos o apoyo estratégico, mejores vehículos y en general, una mayor presencia policial en la zona.
Desarrollo social y económico
El fenómeno de la minería ilegal ha generado en su entorno, una economía paralela e informal, donde el beneficio se concentra en manos de quienes operan de forma ilícita o grupos criminales y condicionan a las personas a integrarse y formar parte de la actividad. Los vecinos que intenten sobre salir, denunciar, o “no seguir el juego” de estos grupos, están condenados a ser perseguidos y vigilados, viviendo en un infierno, ya no tan solo de forma metafórica, sino con un creciente miedo y temor mientras se intenta salir adelante en su propio país.
Al no existir oportunidades laborales, teniendo una incertidumbre jurídica por parte de los territorios y solo haber tierra, tierra, tierra y más tierra, condiciona a las numerosas familias que viven alrededor de Crucitas, a dedicarse a prácticas indebidas en donde la explotación del oro es la más cotizada y mejor pagada. Aspectos como la prostitución, el comercio ilegal, la venta de drogas, la pobreza, la inexistencia de luz y agua y ni siquiera un camino, producen en la zona el caldo de cultivo perfecto para que grupos criminales y crimen organizado hagan de las suyas.
Si bien es cierto las ideologías keynesianas generaron progreso y desarrollo en el siglo XX, la construcción de infraestructura, en especial caminos, no es viable en la zona y cito una frase que escuché de un vecino de la zona: “Vamos a construir los caminos para que los coligalleros la tengan más fácil para sacar el oro”.
Si bien es cierto el tema social se debe solucionar de una manera integral entre las entidades o autoridades del Estado y la comunidad, la Municipalidad de San Carlos tiene una gran responsabilidad en mejorar o crear el ambiente propicio para generar progreso y desarrollo en la zona. La coordinación con departamentos policiales y de migración, el levantamiento de asentamientos informales, la deportación de personas de carácter ilegal en el país, una mayor serie de requisitos para la obtención de patentes en la zona, una mayor vigilancia policial por medio de las cámaras y la discusión del tema de Crucitas en la agenda política nacional sería de gran ayuda no solo para el cantón, sino para la región en general.
En cuestión de la economía. No existen encadenamientos productivos formales, ni generación de empleo digno y sostenido en la zona, existe un aumento constante de la desigualdad social y del trabajo en condiciones precarias, incluso trabajo infantil o forzado. Los servicios públicos están colapsados por el aumento poblacional informal o ilegal. Un ejemplo es la Escuela de Crucitas que contaba con 30 y un poco más de estudiantes y a día de hoy cuenta con el doble o el triple de población inicial, la mayoría de su población informal o nicaragüense. Los sistemas de salud como tal no existen, no existe el agua, no existe la luz, no existe carretera. No existe NADA.
Citando la anécdota de un funcionario municipal, contaba que: En los días que llevo aquí trabajando, veo a 4 o 5 niños que vienen de Nicaragua, cruzan el río San Juan en bote y con remo y caminaban 4 kilómetros para llegar a la escuela, y así sucesivamente para ir y venir. Los 5 días a la semana y en todo el calendario escolar. No importa que haga sol o llueva, ellos siempre tienen que ir.
La zona de Crucitas, además de presentar una oportunidad, no solo para el desarrollo de la región sino una oportunidad para el país muestra posibilidades para desarrollar actividades económicas lícitas y viables como el turismo rural, la agroindustria, la economía verde, la ganadería entre otras prácticas.
Dilema con el medio ambiente
“No vamos a apoyar el proyecto porque contamina el medio ambiente”, “No estoy de acuerdo a que se explote la minería en Crucitas porque produce una crisis ambiental”.
Estas y otras frases son con las que personas y políticos justifican su no apoyo ante una posible explotación minera en Crucitas. Realmente no tengo claro si es que no han visto de primera mano las necesidades y realidades de Crucitas o la miopía ideológica no les permite ver que ya existen niveles de contaminación enormes.
Si bien es cierto Crucitas se ha convertido en un punto crítico de deterioro ambiental resultado del uso descontrolado de sustancias como mercurio y cianuro, el bloqueo o la imposibilidad de generar propuestas con la justificación de no dañar el medio ambiente, lo único que ha producido es que personas extranjeras y ajenas a la riqueza del país, se la roben y la exploten ilegalmente y lo peor de todo, frente a nuestras narices.
La justificante de no dañar le medio ambiente no es de recibo en la realidad en la que se encuentra Crucitas hoy. Huecos de 30 a 40 metros, olor a gasolina, agua con colores diferentes, huecos que contienen agua con cianuro y mercurio, lagos contaminados, ríos estériles y sin vida, mantos acuíferos contaminados, estas y otras realidades son las que se viven hoy en día en la comunidad de Crucitas. Quién diría que la protección del medio ambiente fue la misma que contaminó Crucitas. Salió más cara la cura que la enfermedad.
Oportunidad Política
El caso Crucitas ha sido, por más de una década, un asunto estancado políticamente, sin una resolución clara. Esto ha generado una pérdida de credibilidad institucional como de figuras políticas, contradicciones legales y desconfianza ciudadana.
Los retos a los que se enfrenta el pueblo costarricense no son términos legales o morales, del medio ambiente o de seguridad. El mayor reto al que se enfrenta la sociedad costarricense es la polarización, que ya deporsí, en la política pareciera que es pan de cada día. El fenómeno de la desinformación que crea una incertidumbre en las personas y cuestiona la legitimidad de las acciones y de los actores, los constantes conflictos entre los poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y la ambigüedad legal que impide tomar las decisiones efectivas que se necesitan; crean un escenario perfecto para seguir discutiendo quién tiene la razón, quién debe hacerlo, qué se debe hacer y cómo se deberían hacer las cosas.
Mientras que en la frontera norte algún extranjero “vivazo” seguirá “volando pala” con el fin de encontrar el oro del costarricense que nuca se pudo poner de acuerdo…
Costa Rica necesita liderazgos fuertes, constructivos y contundentes, pero que tengan la humildad de aceptar sus errores cuando se equivocan. Como sociedad, necesitamos ponernos de acuerdo. Dejar el orgullo personal y político, el ego pasional que abunda en poderes del Estado y fomentar la inteligencia colectiva.
Se necesitan políticos que lideren un debate nacional informado, técnico y participativo, pero sobre todo de altura. Posicionarnos como un país con la capacidad y madurez política de tomar decisiones responsables sobre sus recursos y su futuro. Este desafío puede convertirse en una oportunidad histórica para Costa Rica: fortalecer su institucionalidad, proteger sus recursos naturales y garantizar el bienestar de su población.
La patria y el país nos lo demanda.
Una opinión más de un ciudadano preocupado por Crucitas
Justin Castro Blanco
Politólogo.
Cédula: 208420601