El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN-SINAC), notificó a más de 73 familias en la comunidad de Chorreras, ubicada en Cutris de San Carlos, sobre una orden judicial que les exige abandonar voluntariamente el área que ocupan.
La notificación responde a la resolución judicial número 25-000857-306-PE emitida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela.
La misma establece que estas personas están dentro de una zona de área silvestre protegida, específicamente el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, en condición ilegal.
La orden les otorga un plazo de un mes a partir de la notificación, realizada el pasado 17 de julio, para abandonar voluntariamente la zona.
De no hacerlo, las personas podrían ser procesadas por el delito de desobediencia, según lo establece el artículo 314 del Código Penal.
Las autoridades señalaron que la ocupación ilegal ha provocado afectaciones importantes al ecosistema del lugar, como deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión directa sobre la fauna silvestre.
Además, advirtieron que estas acciones representan una amenaza al equilibrio ambiental de la región.
El proceso judicial fue impulsado por el ACAHN con base en una denuncia formulada a través del Programa de Prevención, Protección y Control de esa institución.
Desde hace meses, funcionarios del SINAC conformaron un equipo técnico que levantó información sobre las construcciones e infraestructura presentes en el sector.
Con apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), utilizaron drones para obtener imágenes aéreas que sirvieron como evidencia en los informes remitidos a la Fiscalía.
Como resultado de este trabajo, se abrió la denuncia penal con expediente número 25-000857-0306-PE.
Durante el proceso de investigación y atención del caso, el 7 de mayo hubo una inspección interinstitucional en el terreno, y el 9 de julio ejecutaron un operativo coordinado en el que participaron funcionarios del SINAC, DIS, INDER, OIJ, Fuerza Pública y otras entidades del Estado.
Mariana Jiménez, directora regional del ACAHN, señaló que, además del daño ambiental, las construcciones ilegales han propiciado el desarrollo de actividades económicas no autorizadas, incluyendo comercio informal y tráfico de mercancías sin control, lo cual incrementa el riesgo de presencia del crimen organizado en la zona fronteriza.
“El establecimiento de asentamientos irregulares en zonas protegidas compromete la seguridad de funcionarios públicos y de comunidades cercanas a la línea fronteriza con Nicaragua”, añadió la funcionaria.
Desde el MINAE anunciaron compromiso de buscar soluciones para quienes han habitado históricamente estas áreas, pero se advirtió que no tolerarán nuevas ocupaciones ni cambios recientes en el uso del suelo que pongan en riesgo el patrimonio natural de Costa Rica.
