Una orden de desalojo cayó como balde de agua fría para 73 familias en Chorreras de Cutris. Se trata de una comunidad fronteriza en la que el SINAC denuncia, ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida.
Algunos de los pobladores suman hasta 40 años en ese territorio por lo que ahora apelaron la resolución judicial que les da un mes de plazo, para desalojar y salir de su pueblo.
Se trata de un pueblo entero que incluso ahora, levantan la voz para impedir que esa orden sea efectiva.
A este momento cuestionan, por ejemplo, que tienen servicios básicos como electricidad incluso acceso a telefonía celular.
Además, la escuela de la comunidad fue construida con recursos públicos. Todo esto los hace pensar que, es imposible un desalojo comunal.
"Si hay errores individuales no pueden meter todo en un solo saco. Yo no me salgo del saco porque, probablemente en 40 años que tengo de estar aquí e infringido la ley, pero para yo poder tener mis vaquitas, tengo que tener los repastos limpios y ya eso lo toman como que yo invadí el corredor, a estas alturas, después de 40 años", comentó Mario Cambronero, líder comunal.
La comunidad presentó una apelación, dentro del plazo de ley, para suspender la acción que estaría por ejecutarse en un mes.
La idea con esta acción es que las distintas autoridades les expliquen con detalle, la decisión de esta orden pues consideran que siquiera hubo un proceso.
"Sentimos que eso es arbitrario, todos tenemos derechos y principalmente somos pobladores con muchos años de estar acá y necesitamos que nos den esos derechos y aquí el asunto es que, si esto procede va a proceder en todo el corredor fronterizo y parece que esa es la intención", añadió el vecino.
Denuncian el abandono estatal por años, con problemas en caminos, sin servicio normal de agua y sin ayudas. Incluso, se declaran víctimas del problema social que envuelve Crucitas pues son comunidades vecinas.
Peor aún, temen que detrás de estas acciones pueda haber actos de corrupción pues Chorreras es la arteria principal de comunicación con Crucitas y todo lo que sale de ahí, pasa por la comunidad.
"Aunque esto traiga un trasfondo que ellos explican y digan que es invasión, cómo me van a poner de invasor a mi si tengo años de estar aquí, ¿por qué no me denunciaron antes?; ¿por qué me dieron permisos para que operara como ganadero?, ¿por que hay tenemos corriente eléctrica?, ¿por qué hay una torre de comunicación?", manifestó don Mario.
Su pensamiento lo comparten todos los pobladores que al paso de los años trabajaron mucho en desarrollar su comunidad.
Temen que sea la comunidad la que pague "los platos rotos" de toda la situación que vive Crucitas. Incluso detallan que solo una semana después de una visita de diputados y representantes municipales a la zona fue que, iniciaron con el censo para luego notificar.
Ahora, la molestia y la preocupación de toda la comunidad es parte del día a día. Temen salir de ahí y, no tener donde ir; además de perder lo que, con años de trabajo, lograron.
"Para mi esto tiene un trasfondo y ese trasfondo es abrirle las puertas al narcotráfico y al crimen organizado que, de por sí, ya lo tenemos en Crucitas. Nosotros somos un estorbo, precisa que nos saquen de aquí para el narcotráfico y el crimen organizado. Nos quieren sacar para darle paso al narco y al crimen organizado", concluyó el poblador.
Detalle del caso
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través de las autoridades del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN-SINAC), notificó a más de 73 familias ubicadas en la comunidad.
La resolución judicial, ordena a los habitantes abandonar voluntariamente la zona, en un plazo de un mes desde la notificación, amparándose en la figura de delito por “invasión a área de protección”, ya que estas personas se encuentran en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, poniendo en riesgo los ecosistemas del sitio, debido a afectaciones generadas en el lugar como: deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión sobre la fauna silvestre.
La comunidad de Chorreras está ubicada en la frontera con Nicaragua y dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo.
La notificación fue el 17 de julio por el SINAC, en coordinación con el Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Carlos, la Policía de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
Desde hace varios meses el ACAHN conformó un equipo de trabajo para levantar información sobre las infraestructuras presentes en Las Chorreras
Mariana Jiménez, directora regional del ACAHN, mencionó que: “Además de los daños ambientales, las construcciones y asentamientos ilegales han dado pie al desarrollo de actividades económicas no autorizadas, incluyendo el comercio informal y el tráfico transfronterizo de mercancías sin control. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de la zona frente al crimen organizado y pone en peligro la seguridad de los funcionarios públicos y de las comunidades costarricenses cercanas a la línea fronteriza”.
Este caso inició el 7 de mayo de 2025, cuando se llevó a cabo una inspección conjunta interinstitucional en el sector de Chorreras de Cutris, con la participación de diversas entidades estatales, con el objetivo de evaluar la situación en el terreno y planificar las acciones necesarias para la atención del caso.
Posteriormente, el 9 de julio, ejecutaron un Operativo Interinstitucional liderado por un equipo conformado por 8 funcionarios del SINAC, 2 de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), 1 del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), 2 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 12 efectivos de la Fuerza Pública.
