El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, valora las opciones legales disponibles para cobrar los dineros pagados por salarios caídos, a los responsables de ejecutar despidos improcedentes a funcionarios municipales.
Así lo confirmó la noche de este lunes en sesión del Concejo Municipal tras una consulta de la regidora Patricia Romero.
"La acción legal que yo estoy valorando en los casos que proceda, es una figura legal que se llama 'acción de regreso' que es que la municipalidad hace un proceso para determinar él, la o los responsables de esta mala decisión administrativa que se tomó", explicó González.
Este procedimiento implicaría notificar a los responsables de los despidos y posterior trasladarlo al Tribunal Contencioso Administrativo.
La semana anterior se dio a conocer una nueva orden de reinstalación para la funcionaria Dixie Amores y que incluía el pago de salarios caídos desde el momento en que fue despedida hasta su regreso a labores.
Según explicó el alcalde González, la proyección de salarios caídos que el ayuntamiento deberá pagarle a la funcionaria ronda los 15 millones de colones.
Tras este nuevo caso, incluso la exregidora Vanessa Ugalde hizo un llamado a la alcaldía y regidores para denunciar a la exalcaldesa Karol Salas y cobrarle los salarios caídos producto de los despidos que ejecutó durante su periodo y que luego por orden de un juez fueron revertidos.
“Los sancarleños no tenemos por qué pagar las cabezonadas y falta de conocimiento de la señora. Existen los debidos procesos si es que había faltas graves o incumplimientos justificados para despedir a alguien”, dijo Ugalde en sus redes sociales.
Una nota publicada por este medio en abril anterior reveló que la Municipalidad pagó 22 millones en salarios caídos a 3 funcionarios que fueron despedidos.
Este medio también dio a conocer en enero anterior que el pago de salarios a 4 funcionarios municipales suspendidos con goce salarial y los 4 reemplazos significaban, en aquel momento, ¢132 005 307,5 que salieron de las arcas municipales.
Durante la administración Córdoba - Salas, tuvieron que reinstalar a 12 funcionarios que fueron despedidos y cuya acción fue señalada como ilegal por orden de un juez. Tras la orden de reinstalación, el municipio tuvo que asumir los salarios que dejaron de percibir, algunos de estos funcionarios, en el lapso que no trabajaron.
