El sector raíces y tubérculos trabaja en un protocolo junto al MAG y al Ministerio de Salud. Esta, es una de las reacciones inmediatas ante lo ocurrido en la última semana en la Zona Norte.
La Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos intervino en sus asociados para primar la responsabilidad sanitaria en momentos en los que urge, la colaboración de todos los sectores.
La contratación de mano de obra irregular es una de las variantes más pesadas en esta situación.
"Como Cámara nos hemos ocupado haciendo ver a todos nuestros asociados el perjuicio que pueden causar estas acciones, mediante una comunicación permanente, donde hemos compartido los protocolos y documentos oficiales. Desde que esta crisis llegó a Costa Rica les hemos pedido que como asociados tengan sus protocolos sanitarios implementados y que cuiden la salud y operación de su personal", dijo Rocío Valerio, directora ejecutiva.
La Dirección Regional del Ministerio de Salud, denunció este jueves, durante una reunión en la Municipalidad de San Carlos que, empresarios irresponsables trasladan mano de obra de un lugar a otro.
Prueba de ello, ocurrió ese mismo día cuando en Monterrey, encontraron un camión con 17 extranjeros, 8 de ellos confirmados positivos en Sector Ángeles de San Ramón. Eran llevados a una finca donde fueron contratados para trabajar en yuca.
"Están trasladando trabajadores de un sector a otro y no saben que son personas que están viniendo", dijo Claudia Rosales, Directora Regional de Salud.
La preocupación, se extiende al sector productivo a causa de esas irresponsabilidades que dicen, manchan la imagen de empresas que trabajan a derecho.
"Les hemos insistido en los que importante que es para cualquier empresa cuidar de una forma correcta el personal y se cuiden para no verse afectados en la operación. Estamos a la disposición de las autoridades y apoyamos todas las iniciativas para mitigar el impacto en nuestro sector y en nuestro país", agregó Valerio.
Por su parte, el Ministro de Salud, Daniel Salas, anunció que de ser necesario iniciarán investigaciones contra empresas que incumplan los lineamientos emitidos.
De probarse alguna irregularidad, podrían proceder al cierre de los establecimientos.
