El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, solicitó al presidente Rodrigo Chaves un detalle completo sobre posibles visitas del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, a Casa Presidencial.
La petición se presentó este miércoles 25 de junio por medio de una carta firmada por el legislador.
Según el documento, la solicitud se basa en el principio de transparencia y en el contexto de la reciente detención de Gamboa por causas relacionadas con legitimación de capitales y crimen organizado.
“Nos dirigimos a usted respetuosamente para solicitar la siguiente información (…) en virtud de la reciente detención del señor Celso Manuel Gamboa Sánchez”, dice el escrito dirigido al presidente.
El diputado pide las fechas y horas de entrada y salida de Gamboa en Casa Presidencial desde 2022 a la fecha.
También solicita conocer los nombres de las personas que lo acompañaron, quién autorizó su ingreso, con quiénes se reunió y los temas tratados.
Además, exige un detalle específico de las ocasiones en que Gamboa se reunió directamente con el presidente Chaves.
Sobre esos encuentros, pide también hora de entrada y salida, nombres de acompañantes y de funcionarios presentes, así como los temas abordados.
La carta menciona que la solicitud tiene respaldo en el artículo 27 de la Constitución Política, en los artículos 32 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y en el artículo 6 de la Ley 9097 sobre el Derecho de Petición.
Este último establece que la Administración cuenta con diez días hábiles para atender lo solicitado.
“Agradecemos de antemano su atención a esta gestión, en aras de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, concluye el oficio.
El pasado lunes la Sección de Estupefacientes del OIJ detuvo al exmagistrado en San José, a solicitud de la DEA, por presunto tráfico internacional de drogas
Gamboa enfrenta cargos por narcotráfico internacional, presentados por un tribunal de Dallas, Texas en Estados Unidos.
Sería el segundo costarricense en ser extraditado desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional aprobada en mayo, que habilita esa acción en casos de narcotráfico o terrorismo.
