El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, presentó este 11 de julio una denuncia formal por beligerancia política contra el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Según Ortega, Rodríguez utilizó recursos del Teatro Melico Salazar y del Archivo Nacional para realizar una actividad político-electoral durante el informe presidencial del pasado 5 de mayo.
“El uso inadecuado de activos e implementos del Teatro Melico Salazar y del Archivo Nacional ocurrió en un mitin político que hubo en la Plaza de la Democracia el día que el presidente Chaves vino a rendir su informe aquí en la Asamblea Legislativa”, explicó el legislador.
En la denuncia, Ortega detalló que emplearon toldos, una pantalla, equipo de sonido, equipo de transmisión y personal del Ministerio de Cultura durante la actividad en horas laborales.
Además, señaló que en el mitin participaron exministras de la actual administración, así como comunicadores identificados con la línea política del presidente.
La actividad también fue transmitida por las redes sociales del Ministerio de Cultura y en páginas afines al oficialismo, según precisó el diputado.
Ortega indicó que el Gobierno no puede escudarse en la existencia de los llamados “partidos taxi” para evadir responsabilidad por la organización de actos proselitistas.
“No se vale ocultarse en una supuesta opacidad de los partidos taxis para no hacerse responsable, sobre todo porque en ese acto abiertamente se hizo proselitismo, independientemente de que exista o no un partido político”, afirmó.
El diputado pidió al TSE que investigue y sancione el uso de bienes públicos para fines electorales y advirtió sobre el riesgo que estos actos representan para la institucionalidad.
Ortega aseguró que el papel principal del TSE consiste en garantizar la coexistencia pacífica de las distintas voces políticas en el país.
El legislador subrayó que esa convivencia se encuentra en peligro por los intentos del Gobierno de incumplir las normas democráticas y atacar las instituciones.
La denuncia quedó en manos del Tribunal, que ahora deberá determinar los pasos a seguir en la investigación solicitada.
