La diputada y jefa de fracción del PUSC, María Marta Carballo, presentó a la corriente legislativa un nuevo proyecto de ley que pretende transformar el sistema penitenciario del país.
Se trata de la Ley para Impulsar el Trabajo y la Superación Académica en Privados de Libertad y que establece que la pena de prisión se deba cumplir obligatoriamente y no de manera optativa, con trabajo, estudio o ambos.
En cuanto al trabajo estará bajo el control de la autoridad correspondiente y en los trabajos que vía reglamento se definan.
Esas labores no podrá exceder de 8 horas diarias y podrá ser realizado solo en jornada diurna tanto dentro como fuera del recinto penitenciario.
Esto último no aplicará para las personas condenadas por homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, lavado de dinero y violencia contra las mujeres, que podrán trabajar pero dentro del centro penal.
El condenado a prisión que trabaje tendrá derecho a recibir una contraprestación por su labor que se pagará semanalmente y corresponderá a lo que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha contraprestación estará en control de la administración de cada centro penitenciario, quien la destinará de la siguiente manera:
- Un 25% a satisfacer la obligación de pensión alimentaria
- Un 25% para obligaciones civiles o resarcitorias
- Un 25% al Estado para sufragar el gasto que genera la estadía del privado de libertad en prisión
- Un 25% a un fondo para gastos personales de las personas en prisión
Sobre el estudio, la persona condenada a prisión que opte por estudiar por esto, deberá hacerlo con una institución reconocida por la Dirección General de Adaptación Social y demostrar avance académico.
Si el privado de libertad no opta por alguna de estas posibilidades, no podrá ser sujeto de beneficios carcelarios.
